Hace una semana acompañé la movilización de la CGT, en rechazo al DNU 70/23, el proyecto de Ley conocido como “ómnibus” y el Protocolo de Orden Público (o anti piquete).

Tanto la multisectorial como otras organizaciones sociales y el movimiento obrero pidieron ayer mediante nota un posicionamiento institucional y coincido con que es necesario para quienes tenemos responsabilidades públicas.

Amén de que debemos poner en resguardo todos los derechos que estas normas pondrían en jaque, es difícil de creer que los legisladores hayan tenido tiempo de analizar a conciencia los más de 300 artículos que contienen.

Con responsabilidad, conciencia y preocupación por mi región y mi país, les dejo mi manifestación pública.