La Justicia autorizó avanzar con la causa contra Lautaro Miranda, imputado por atropellar y arrastrar a un perro sin asistirlo. El plazo de investigación será de seis meses.

El mediodía del pasado lunes se realizó en los tribunales penales del barrio Roca la audiencia de apertura de la investigación en torno a un presunto caso de maltrato animal ocurrido el 2 de junio de 2025 en Standart Norte, que tiene como imputado a Lautaro Nahuel Miranda.

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal, María Belén Martini, expuso brevemente los hechos y solicitó la autorización para iniciar la investigación penal preparatoria. La fiscal a cargo del caso es Verona Dagotto. Por su parte, la defensora pública, Juliana Fuentes, no presentó oposición al pedido, aunque solicitó que se tenga en cuenta la versión de su asistido y remarcó la necesidad de producir prueba para sostener la calificación legal propuesta.

El hecho investigado ocurrió el 2 de junio de 2025, alrededor de las 19:00 horas, cuando Miranda circulaba a alta velocidad —aproximadamente 90 km/h— a bordo de un Volkswagen Gol por la avenida Nahuel Huapi, en el barrio Standart Norte (Km 8) de Comodoro Rivadavia. En esas circunstancias, un perro mestizo, de tamaño mediano y pelaje claro, que se encontraba cruzando la intersección con calle 8 de Diciembre, fue embestido por el vehículo.

Según la imputación, el conductor continuó su marcha tras el impacto, arrastrando al animal hasta la intersección con calle Facundo Quiroga, donde finalmente se detuvo tras ser interceptado por otro automovilista. El can murió en el lugar entre cinco y diez minutos después, como consecuencia de las heridas sufridas, sin haber recibido asistencia.

El hecho fue calificado provisoriamente como “crueldad animal”, en calidad de autor para Miranda.

La audiencia fue presidida por el juez penal Miguel Caviglia, quien resolvió autorizar la apertura de la investigación preparatoria, dejando formalmente notificado al imputado sobre los hechos y la calificación legal en su contra, y garantizando su derecho a defensa.

Asimismo, el magistrado estableció un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.
 

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