Moyano explicó en una entrevista con FM La Petrolera que este relevamiento, solicitado por el ministro Iturria y dirigido por el presidente del IPV, Federico Esteves, busca identificar irregularidades en la tenencia de las viviendas, así como casos de morosidad. En algunos sectores, la deuda de los adjudicatarios alcanza el 40%, un dato alarmante que refleja la necesidad de fortalecer la recaudación.

Además de la morosidad, el IPV ha detectado casos en los que las viviendas son alquiladas o vendidas, prácticas que contradicen el propósito social del organismo. Estas irregularidades podrían derivar en futuros desalojos, siempre en coordinación con la justicia.

INFO REAL CHUBUT